Alicia propone a Humpty Dumpty el juego de nombrar las cosas y recibe como respuesta: sólo tiene sentido si precisamos quien tiene el poder. Igual pasa con las elecciones. No son eternas, universales y absolutas porque el poder es histórico, se llama Estado y está organizado por y para la democracia burguesa. Hay otras democracias, por ejemplo, las de las Repúblicas Democráticas aspirantes al socialismo como decidieron los alemanes el siglo pasado y como proponen para México Severo Iglesias, un aislado y brillante filósofo regiomontano y el EPR en sus buenos tiempos.
Las elecciones en México están organizadas en una serie compleja de mediaciones donde el pueblo deja de ser depositario de la soberanía nacional como dice la Constitución de 1917. El proceso electoral empieza por el registro de partidos y asociaciones políticas ante el Instituto Federal Electoral. Hay que garantizar un cierto número de afiliados, presencia en un número mínimo de estados y unos estatutos donde se admita a las elecciones como principal recurso de poder. Una ley electoral precisa los términos, los plazos y sólo cuando hay convocatoria estatal, puede solicitarse el registro. Consejeros y funcionarios muy amables atienden toda clase de consultas y al final, si hay inconformidad, remiten al Tribunal Federal Electoral. La soberanía popular resulta así delegada a instituciones de Estado con decisiones inapelables ejecutada por consejeros y ministros nombrados bajo influencia de los partidos políticos, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, sin que haya manera de someterlos a elección ni a información pública de su desempeño. Aquí aparece otra trampa de extravío de la soberanía popular: la administración usualmente negada en las prácticas de las izquierdas. Esta condición de trámite de organizaciones pequeñas, termina por sustituir la discusión política.
Si, por ejemplo, el registro de afiliados está mal hecho, habrá que esperar a la siguiente convocatoria. IDP en dos ocasiones trabajó muchisímo (bueno, es un decir, porque una compañera se hizo cargo del tedioso registro y del llenado de la solicitud) y en las dos no obtuvo el registro. Un compañero advirtió: no podrá ser de otra manera por los antecedentes guerrilleros de los dirigentes y por no acentuar en los Estatutos el reconocimiento de las elecciones como vía única para la democracia. Por la Patria el poder popular no es un lema grato a los consejeros electorales. Ilusos, los compañeros acompañaron las pesadas cajas a manera de una marcha convincente de poder popular. Todo fue inútil y asombroso porque asociaciones civilistas sin aparente importancia por su antecedente de ONG´s que no aspiran a más poder que el de cuidar las flores o algo semejante, no tienen el menor problema para obtener su registro y con él, un subsidio suficiente como para pagar la renta de un local y una publicación. Los bien portados serán siempre premiados, con dinero, claro, no se diga los partidos políticos florecientes cada sexenio, una vez que realizaron ilusorias asambleas constitutivas estatales y supieron aliarse con los partidos grandes. Fast track para Patricia Mercado, la Gordillo y demócratas semejantes. La Unión de la Clase Trabajadora (UCLAT) trotskysta, recibió registro, pero luego no presentó cuentas claras del subsidio y después de minuciosa revisión contable, perdió registro y subsidio y dejó de hacer su excelente revista y los libros de reflexión política necesarios para reproducirse.
Queda entonces la precariedad y con ella, el refugio comunitario. Hace unos meses, un perredista escribió su rechazo a Izquierda Democrática Popular por solicitar su registro como asociación nacional. No fue posible explicarle que la soberanía popular hay que ejercerla en la práctica económico-política pero también como derecho ante el estado, así sea para comprobar que las reglas del juego las pone él con un poder donde la representación popular se mantiene en los límites del parlamentarismo resultante del registro, los subsidios, los enormes privilegios de los diputados, senadores y asambleístas con la posibilidad legal de brincar cada trienio o sexenio, de una Cámara a otra, a la Asamblea de Representantes del D.F. y a los gobiernos de los estados o a las secretarías de Estado. La llamada clase política se construye en este entramado de legalidades en beneficio de profesionales que si en algún momento caen en desgracia, cuentan con ahorros suficientes como para abrir asesorías que en rigor son tráfico de influencias. El poder cuenta así con una clase social que lo reproduce sin que el pueblo intervenga más que como multitud para movilizaciones. Del pueblo no queda nada en este proceso, más que nombres como el de representantes populares que en realidad carecen de contenido. Los partidos políticos sometidos a este proceso se reducen a grupos de influencia al servicio de consorcios empresariales y oligarquías hasta el punto de sustituir la formación de cuadros por la publicidad mercadotécnica.
¡Trampa - trampa! grita el perdedor en una feria o en unas elecciones. ¡El pueblo ha sido defraudado!. Y entonces adquiere un prestigio heroico constructor del pueblo que empieza a superar su condición de multitud seguidista y aplaudidora. Grandes marchas, acciones civiles variadas e ingeniosas, propaganda hecha a mano al lado de plotters, camisetas y cachuchas propias del acarreo tradicional. El pueblo se descubre activo porque se identifica con una causa, pero su carencia de formación e información política, lo afilia religiosamente al caudillo salvador. Pero no todos los contingentes esperan la conclusión del diferendo con el Estado para saberse sino traicionados, si decepcionados porque habrá que esperar hasta las próximas elecciones. Nadie lo informa de esta historia mexicana concretada en la Convención de Aguascalientes, en los asesinatos de Obregón y Colosio, en las derrotas de Vasconcelos, Lombardo, Rodríguez Triana, Henríquez, el Frente Electoral del Pueblo y Ramón Danzós, el PRT y Rosario Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas, donde el pueblo terminó desorganizado porque no siguió nada luego del fallo del Estado.
Pero aunque México no es Bolivia ni Timor Oriental como sostiene el Delegado Zero, algo sabe el pueblo de las rebeliones andinas que han tirado presidentes en Ecuador y Bolivia donde hubo que pasar por las resistentes Cámaras para elegir un presidente construido por la izquierda y desde abajo como Evo Morales. En Argentina ocurrió otro tanto y el presidente ha tenido que resolver demandas políticas al castigar a criminales de Estado y apuntar a reformas económicas mínimas como la legalización de cooperativas autogestivas con la certeza de que entre el mercado y las instituciones legales y fiscales en especial, perderán sus ansias coordinadoras nacionales de aquí Oaxaca y su Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca que luego de ser atacada por los policías observados por el gobernador Ulises Ruiz desde un helicóptero probó su disciplina, reorganizó sus campamentos, mantiene bloqueados palacios municipales y oficinas de gobierno, impidió la Guelaguetza turística y organizó la propia, ocupó Radio Universidad y el sistema de televisión, recibe el apoyo de los pueblos y comunidades, asume la disolución de la comisión de intermediación, establece un plantón y entrega su demanda de desaparición de poderes al Senado, depura las dirigencias y las reproduce hasta el punto de evitar el caudillismo y no rechaza la negociación cuando caiga el gobernador denostado por las mujeres insurrectas.
El caso Oaxaca tiene claro el lugar de las supremas cortes y los señores magistrados como última instancia legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se repondrá luego de su utilización por la Presidencia por vía del corrupto Mariano Azuela, distinguido Caballero de Colón. Se llega a magistrado de esta corte o de el Tribunal Federal Electoral no por defender a organizaciones populares, sino por servir a los consorcios empresariales y proteger a empresarios corruptos mientras se hunde en las prisiones a los dirigentes populares más combativos.
De todo esto deriva la necesidad de un Plan Nacional de Lucha, nacido y crecido en Asambleas Populares donde no sólo se informe, sino se discuta para vincular, articular y fusionar desde abajo y a la izquierda. Este proceso rechaza desde ahora la manipulación partidista que no quiere oponerse al estado corrupto y quiere construir su propio poder, sus propias reglas del juego con sus propios representantes en vías de construir la soberanía perdida en la globalización capitalista.
Las elecciones en México están organizadas en una serie compleja de mediaciones donde el pueblo deja de ser depositario de la soberanía nacional como dice la Constitución de 1917. El proceso electoral empieza por el registro de partidos y asociaciones políticas ante el Instituto Federal Electoral. Hay que garantizar un cierto número de afiliados, presencia en un número mínimo de estados y unos estatutos donde se admita a las elecciones como principal recurso de poder. Una ley electoral precisa los términos, los plazos y sólo cuando hay convocatoria estatal, puede solicitarse el registro. Consejeros y funcionarios muy amables atienden toda clase de consultas y al final, si hay inconformidad, remiten al Tribunal Federal Electoral. La soberanía popular resulta así delegada a instituciones de Estado con decisiones inapelables ejecutada por consejeros y ministros nombrados bajo influencia de los partidos políticos, la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, sin que haya manera de someterlos a elección ni a información pública de su desempeño. Aquí aparece otra trampa de extravío de la soberanía popular: la administración usualmente negada en las prácticas de las izquierdas. Esta condición de trámite de organizaciones pequeñas, termina por sustituir la discusión política.
Si, por ejemplo, el registro de afiliados está mal hecho, habrá que esperar a la siguiente convocatoria. IDP en dos ocasiones trabajó muchisímo (bueno, es un decir, porque una compañera se hizo cargo del tedioso registro y del llenado de la solicitud) y en las dos no obtuvo el registro. Un compañero advirtió: no podrá ser de otra manera por los antecedentes guerrilleros de los dirigentes y por no acentuar en los Estatutos el reconocimiento de las elecciones como vía única para la democracia. Por la Patria el poder popular no es un lema grato a los consejeros electorales. Ilusos, los compañeros acompañaron las pesadas cajas a manera de una marcha convincente de poder popular. Todo fue inútil y asombroso porque asociaciones civilistas sin aparente importancia por su antecedente de ONG´s que no aspiran a más poder que el de cuidar las flores o algo semejante, no tienen el menor problema para obtener su registro y con él, un subsidio suficiente como para pagar la renta de un local y una publicación. Los bien portados serán siempre premiados, con dinero, claro, no se diga los partidos políticos florecientes cada sexenio, una vez que realizaron ilusorias asambleas constitutivas estatales y supieron aliarse con los partidos grandes. Fast track para Patricia Mercado, la Gordillo y demócratas semejantes. La Unión de la Clase Trabajadora (UCLAT) trotskysta, recibió registro, pero luego no presentó cuentas claras del subsidio y después de minuciosa revisión contable, perdió registro y subsidio y dejó de hacer su excelente revista y los libros de reflexión política necesarios para reproducirse.
Queda entonces la precariedad y con ella, el refugio comunitario. Hace unos meses, un perredista escribió su rechazo a Izquierda Democrática Popular por solicitar su registro como asociación nacional. No fue posible explicarle que la soberanía popular hay que ejercerla en la práctica económico-política pero también como derecho ante el estado, así sea para comprobar que las reglas del juego las pone él con un poder donde la representación popular se mantiene en los límites del parlamentarismo resultante del registro, los subsidios, los enormes privilegios de los diputados, senadores y asambleístas con la posibilidad legal de brincar cada trienio o sexenio, de una Cámara a otra, a la Asamblea de Representantes del D.F. y a los gobiernos de los estados o a las secretarías de Estado. La llamada clase política se construye en este entramado de legalidades en beneficio de profesionales que si en algún momento caen en desgracia, cuentan con ahorros suficientes como para abrir asesorías que en rigor son tráfico de influencias. El poder cuenta así con una clase social que lo reproduce sin que el pueblo intervenga más que como multitud para movilizaciones. Del pueblo no queda nada en este proceso, más que nombres como el de representantes populares que en realidad carecen de contenido. Los partidos políticos sometidos a este proceso se reducen a grupos de influencia al servicio de consorcios empresariales y oligarquías hasta el punto de sustituir la formación de cuadros por la publicidad mercadotécnica.
¡Trampa - trampa! grita el perdedor en una feria o en unas elecciones. ¡El pueblo ha sido defraudado!. Y entonces adquiere un prestigio heroico constructor del pueblo que empieza a superar su condición de multitud seguidista y aplaudidora. Grandes marchas, acciones civiles variadas e ingeniosas, propaganda hecha a mano al lado de plotters, camisetas y cachuchas propias del acarreo tradicional. El pueblo se descubre activo porque se identifica con una causa, pero su carencia de formación e información política, lo afilia religiosamente al caudillo salvador. Pero no todos los contingentes esperan la conclusión del diferendo con el Estado para saberse sino traicionados, si decepcionados porque habrá que esperar hasta las próximas elecciones. Nadie lo informa de esta historia mexicana concretada en la Convención de Aguascalientes, en los asesinatos de Obregón y Colosio, en las derrotas de Vasconcelos, Lombardo, Rodríguez Triana, Henríquez, el Frente Electoral del Pueblo y Ramón Danzós, el PRT y Rosario Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas, donde el pueblo terminó desorganizado porque no siguió nada luego del fallo del Estado.
Pero aunque México no es Bolivia ni Timor Oriental como sostiene el Delegado Zero, algo sabe el pueblo de las rebeliones andinas que han tirado presidentes en Ecuador y Bolivia donde hubo que pasar por las resistentes Cámaras para elegir un presidente construido por la izquierda y desde abajo como Evo Morales. En Argentina ocurrió otro tanto y el presidente ha tenido que resolver demandas políticas al castigar a criminales de Estado y apuntar a reformas económicas mínimas como la legalización de cooperativas autogestivas con la certeza de que entre el mercado y las instituciones legales y fiscales en especial, perderán sus ansias coordinadoras nacionales de aquí Oaxaca y su Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca que luego de ser atacada por los policías observados por el gobernador Ulises Ruiz desde un helicóptero probó su disciplina, reorganizó sus campamentos, mantiene bloqueados palacios municipales y oficinas de gobierno, impidió la Guelaguetza turística y organizó la propia, ocupó Radio Universidad y el sistema de televisión, recibe el apoyo de los pueblos y comunidades, asume la disolución de la comisión de intermediación, establece un plantón y entrega su demanda de desaparición de poderes al Senado, depura las dirigencias y las reproduce hasta el punto de evitar el caudillismo y no rechaza la negociación cuando caiga el gobernador denostado por las mujeres insurrectas.
El caso Oaxaca tiene claro el lugar de las supremas cortes y los señores magistrados como última instancia legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se repondrá luego de su utilización por la Presidencia por vía del corrupto Mariano Azuela, distinguido Caballero de Colón. Se llega a magistrado de esta corte o de el Tribunal Federal Electoral no por defender a organizaciones populares, sino por servir a los consorcios empresariales y proteger a empresarios corruptos mientras se hunde en las prisiones a los dirigentes populares más combativos.
De todo esto deriva la necesidad de un Plan Nacional de Lucha, nacido y crecido en Asambleas Populares donde no sólo se informe, sino se discuta para vincular, articular y fusionar desde abajo y a la izquierda. Este proceso rechaza desde ahora la manipulación partidista que no quiere oponerse al estado corrupto y quiere construir su propio poder, sus propias reglas del juego con sus propios representantes en vías de construir la soberanía perdida en la globalización capitalista.
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