Contra la insurgencia

La reunión de una parte del Consejo de la APPO con un grupo de solidarios con su lucha fue iniciada con el señalamiento de la fase de reestructuración que necesita de apoyos diversos para alcanzar dimensión no sólo nacional sino internacionalista. Está en marcha gracias al trabajo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En la reunión del lunes 8 de enero en el auditorio Benito Juárez de la Universidad, estuvo presente Iñaki García quien solo intervino para acentuar su carácter de observador y el compromiso de la comisión para regresar en unas tres semanas, con el informe de todo lo que han recogido en los penales, con las familias damnificadas y con las víctimas de la represión, así como con las versiones oficiales y oficiosas de todo esto.

La nueva etapa de la APPO es un paso adelante de la fase contestataria que ha privilegiado las movilizaciones, los plantones y la huelga de hambre. Sin duda habrá que continuar con estas actividades para integrarlas a la profundización necesaria para construir el sujeto histórico y social en comunidades y pueblos de los que son originarios o donde trabajan gran parte de los delegados de la APPO. No solo ellos tienen claro el sentido de esta escalada de la lucha, sino también, por ejemplo, los jóvenes que estuvieron en la barricada de Brenamiel quienes informaron que están constituidos en un colectivo que sigue trabajando en la consolidación de la APPO en los barrios.

Queda claro que lo urgente es la liberación de los presos, el castigo a los culpables y la satisfacción de los damnificados, todo lo cual tendría que culminar con la salida de Ulises Ruiz y de sus cómplices, que tendrían que ser procesados por sus crímenes. Se trató la posibilidad de un Jurado Popular donde se revisaran los expedientes de los criminales que tendrían que incluir a los gobernadores José Murat y Diódoro Carrasco no sólo por su afán de llevar agua a su molino actual sino porque los fraudes de gobierno fueron creando una red de complicidades e impunidades que obligaron a Murat a simular un atentado donde murió un policía. Ni esta conspiración criminal ni la averiguación del incendio de edificios que resguardaban los expedientes culposos de los negocios de Murat continuados por Ulises Ruiz, han recibido castigo y ni siquiera hay una averiguación previa. Las urgencias todavía son, para muchos militantes de la APPO, el único punto importante, pero el sabio procesamiento colectivo de sus consecuencias, ha conducido la definición de la nueva etapa de la lucha y de la precisión estratégica que habrá que hacer con la contribución de las organizaciones solidarias.

Se insistió en la reunión del lunes 8, en la importancia de lo urgente, pero también en la necesidad de integrarlo con una visión de mediano y largo plazo en razón de un movimiento que no tiene como techo la caída de Ulises Ruiz y la liberación de los presos, sino que pretende consolidar el poder popular como alternativa democrática no sólo en México, sino en respuesta de la atención que ha merecido en otros países.

El Consejo tiene claro el lugar que en todo esto ocupan los partidos políticos con financiamiento oficial. El supuesto apoyo del PRD para la renuncia de Ulises Ruiz, no ha dado resultado alguno, a pesar de que desde el mes de octubre dos diputados y una diputada, asistentes al Congreso de noviembre, prometieron escalar el trámite del juicio político en la Cámara de Diputados. Parece que los intereses de estado atan de manos a diputados y senadores y aún Rosario Ibarra de Piedra, ha visitado penales y atendido testimonios de las víctimas a nombre del Comité Eureka y no como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. A estas alturas, va quedando clara la estrategia del Estado que incluye a los partidos y no se limita a la represión sino que también, a su manera, construye un sujeto social opositor a la APPO.

La Secretaría de Gobernación, dirigida por un brutal represor, apoya de manera obvia al hacerle al gobierno de Ulises Ruiz el proyecto y la convocatoria para una convención de reforma del Estado que culminaría, como punto principal, con una reforma a la ley de prensa. No es casual que los noticieros de televisión difusores de los boletines y las imágenes organizadas por la Secretaría de Gobernación, haya afirmado que la suspensión del diálogo entre la APPO y Gobernación del 8 de enero, se deba al incumplimiento de la tarea encargada a la comisión de la Asamblea y que consiste en su proyecto de reforma del estado. Esta información es falsa porque la reforma del Estado no está entre las demandas de la APPO que son el contenido de la negociación que resultaría imposible si estuviera condicionada a cumplir las tareas que el subsecretario Abraham González fuera imponiendo por órdenes superiores. Pero la lucha le hace Gobernación para ver si la APPO cae en la trampa de participar en el gobierno de Ulises Ruiz.

En la reunión hubo que hablar de las condiciones subjetivas, sobre todo a partir de la descripción hecha por Jorge Ramos, Secretario General de SITUAM de los obstáculos variados para cumplir con el descuento de 5 pesos por afiliado a la APPO que al fin serán recibidos en el mes de febrero. Dentro de la APPO, se sabía desde el principio, hay una tendencia traidora que se concretó en la actuación de Enrique Rueda, primero vocero de la Asamblea, después promotor del regreso a clases reprobado por la mayoría y luego dialogante en lo oscurito con Gobernación para terminar separando a la Sección 22 de la APPO y legitimar, en parte, a la nueva sección 59 ordenada por la siniestra Elba Esther Gordillo. Es bueno que se vayan separando los traidores. Hay enemigos no tan obvios como los que afirman la liquidación de la APPO y la urgencia de salvar lo que se pueda y ahí también están quienes sustentan la necesidad de formar un partido político estatal ante la inminencia de los procesos electorales en Oaxaca. Todo esto obliga a profundizar la lucha con precisión jurídica y también con el conocimiento histórico y social necesarios para lo que siga.

La superación de lo urgente como fetiche esgrimido por quienes ponen por delante la pasión, ahora tendría que subordinarse a la reconstrucción en condiciones aparentemente adversas porque no sólo Ulises Ruiz hará su convención de Reforma del Estado sino que en marzo Elba Esther Gordillo ha anunciado un Congreso sobre Reforma Educativa para consolidar a la Sección 59. La aparente adversidad remite al arraigo social de la APPO y al trabajo de sus militantes en las colonias, las comunidades y los pueblos donde tienen su origen o su centro de trabajo. La capacidad totalizadora y totalitaria del Estado opone a esto la propaganda televisual carísima reproducida en anuncios espectaculares en las carreteras y en la capital de Oaxaca y en el arreglo del Centro Histórico con numerosas flores de Nochebuena y el uso dominical del kiosco con tríos y otros conjuntos que cantan a Álvaro Carrillo para ocupar el sentimiento de los paseantes en beneficio de una falsa identidad oaxaqueña en realidad preservadora de la tiranía.

Las comisiones de la APPO están ya planeando sus estrategias particulares para el largo plazo sin dejar de atender las urgencias. De repente hay razones para resolver problemas como las de familias enteras que fueron desmembradas por los allanamientos de morada de la PFP y las incursiones paramilitares que animan a los policías locales a cometer toda suerte de tropelías. Aunque el centro de Oaxaca es el territorio de que aquí no pasó nada, todas las calles de los alrededores mantienen las vallas y los retenes policíacos de manera que resulta imposible dejar de pensar en la represión. Las familias desmembradas tienen en muchos casos a perseguidos políticos a salto de mata para librarse de las ordenes de aprehensión y hay niños que viven gracias a la solidaridad de vecinos, familiares y compañeras, sobre todo compañeras, que sufren en la pobreza para poder atender las necesidades de los nuevos miembros de la familia ampliada a los que hay que resolver el problema de su escolaridad y de la lejanía de los padres en prisiones tan remotas que impiden la visita puntual. Seguramente, la capacidad de las comisiones irá probando la militancia de sus miembros que en algunos casos, empiezan a flaquear y poner pretextos para cumplir con los mandatos de las asambleas. Esto da lugar a un proceso de depuración que es parte de la etapa actual que requiere de apoyos constantes y efectivos lo mismo para resolver lo urgente que para dotar de línea política y de crítica histórica a una organización cuya fortaleza está en una dirección colectiva de asombrosa consistencia por su ejercicio democrático incluyente.