Paramilitares

Por ahí de los ochenta, Jürgen Habermas precisó la relación entre la resistencia civil y pacífica, la soberanía, la representatividad y el derecho a la violencia exclusivo del Estado. El límite de la resistencia, puede seguirse del ensayo del último sobreviviente de la Escuela de Frankfurt en el dejar de ser civil y pacífica para transformarse en política y violenta. Lo previó Marx en las Tesis sobre Feuerbach.
El cruce del umbral no es un acto de voluntad, sino una necesidad de crisis de la legalidad confrontada con lo legítimo. Las leyes tienen este límite y por más exaltaciones estatistas e institucionalistas sobre el estado de derecho, el asenso social de la legitimidad topa con el obstáculo de leyes y reglamentos que son exhibidos en su inoperancia excluyente. Es entonces que el Estado advierte dos líneas de solución: la reforma y el trámite legal lento y desesperante o/y la represión de la resistencia que dejó de ser civil y pacífica a fuerza de provocaciones.
En la práctica del poder, el Estado tiene recursos institucionales y funcionarios preparados para la acción simultánea de las dos vías. La vulgaridad periodística suele recurrir a la imagen del palo y la zanahoria para aludir a este funcionamiento, puesto en crisis por el diálogo y negociación entre el Estado y los movimientos de resistencia. Bajo el dominio del estado, el diálogo y negociación es con un poder embrionario, no consolidado y por lo tanto, sometido a presiones del estado fuerte y sus aliados. La lucha de clases se aclara en este proceso y convoca solidaridades confrontadas también desiguales donde una de las partes encuentra el poder popular como fuerza moral justiciera y la otra reprueba los métodos contestatarios y llama a la unidad nacional apoyada por todos los medios dependientes de los empresarios y sus organizaciones. Esta es la parte abierta con su propaganda exacerbada contra los “intereses extraños”, “las minorías violentas”, y demás zarandajas. Si la resistencia se mantiene, crece y logra atención internacional pese a todo, el Estado tiene que ejercer su derecho a la violencia.

Un acuerdo tácito entre el gobierno y el régimen en turno sobre la necesidad de fortalecer al Estado, hace de los partidos políticos con registro y financiamiento permanente, unos aliados de hecho y de derecho. De hecho, la oposición previsible protesta por las masacres, los asesinatos, los secuestros, las torturas, las desapariciones y los encarcelamientos injustos, sin transgredir la ley y con inclinación a la indiferencia a cambio de algún reconocimiento de Estado. El estado de derecho es así, una estrategia de consolidación constante de éste poder de clase que tiene como última instancia represiva a las fuerzas armadas y las policías que el estado y los partidos se cuidan de convocar. A cambio, Estado y partido saben de los cuerpos de seguridad nacional clandestinos y saben también de cuerpos privados en lugares claves. Es mejor no enterarse de esto, a cambio de adjudicarle al Estado su responsabilidad en la puesta en marcha de los grupos especiales. Esto abre una fisura de ilegalidad tolerada y profundamente acordada para dejar hacer a los grupos paramilitares.
Cuando el diálogo y la negociación se estancan en puntos no negociables para las partes en conflicto, los paramilitares entran en acción. Los medios informan sobre masacres, desapariciones, torturas y asesinatos de activistas o de los que pasaban por ahí, pero al renunciar a la investigación de los patrocinadores y directores, contribuyen a procrear el terror social. El terrorismo de Estado resulta entonces una necesidad fatal insinuada como resultante de la intolerancia de los resistentes a plegarse a lo que el Estado quiere. “Todo el peso de la ley” es entonces lo necesario, proclaman las cámaras empresariales, los funcionarios corruptos sorprendidos por el pueblo harto, la radio, televisión y prensa pagados por los mismos consorcios que llevan al límite de lo admisible el despojo y la explotación de los pobres.

En este punto del diálogo y negociación, crece la legitimidad de la seguridad y de la autodefensa de los agredidos y violentados, a la par de su colocación fuera de la ley. Por esto los europeos revolucionarios valoran la Comuna de París de 1871 y el Sóviet de San Pettesburgo de 1906 como ejemplos históricos dignos de reflexión, pese a que la Comuna duró poco más de dos meses y el famoso Sóviet 56 días. En América no hay sino reflexiones triunfalistas o derrotistas, según la ideología, de la Comuna de Morelos, la COCEI en el Istmo de los ochenta, las tomas de tierras de la UCEZ en Michoacán en los setenta, las experiencias villistas de Chihuahua, las de Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. De estos movimientos nació guerrilla, a la par de reformas universitarias y organizaciones populares con arraigo social activo, ni hay una historia de todo esto, ni de los paramilitares que impusieron e imponen el terror en todos esos lugares y en Chiapas. Las comisiones de derechos humanos y los grupos coadyuvantes, registran, hacen estadísticas, denuncian, pero no avanzan en la crítica histórica porque perderían neutralidad, condición para aceptarles sus trámites legales.
El terror contra la APPO y la Sección 22 democrática del SNTE, exige reflexionar y trabajar el momento del diálogo y negociación para dejar de atribuir la represión paramilitar a la vaguedad de la guerra sucia como si esta fuera una fatalidad histórica y social. Nada más práctico en este punto del diálogo y negociación, que la crítica histórica dialéctica del poder represivo del estado y la seguridad y autodefensa del poder popular. La urgencia del corto plazo exige definir al estado como enemigo emboscado en la legalidad parlamentaria, partidaria y del sindicalismo corrupto personificado en Elba Esther Gordillo. La parte positiva precisa, exige la consideración de largo plazo previsible por la crítica de las estructuras organizativas necesarias, derivadas de las actuales, para la lucha popular y prolongada. No hay de otra.