Estado de México

Sin descomponer para nada su rostro y peinado de galán de fotonovela, Enrique Peña Nieto informó al sumiso parlamento del Estado de México sobre la represión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra lo siguiente: “agotadas las vías del diálogo, estos graves hechos requirieron un operativo legítimo y legal, cuyo objetivo fue el restablecimiento del orden y devolver la tranquilidad y la seguridad a los ciudadanos y sus familias”. Asume así una grave responsabilidad política y exculpa de hecho a los criminales de uniforme y sin él, que traicionaron un acuerdo con el FPDT para emprenderla a golpes, descargas de gas lacrimógeno, para allanar después las casas señaladas por los traidores encapuchados y cometer las violaciones y las golpizas que han sido ampliamente documentadas para la indignación de defensores de los derechos humanos de México y de otros lugares de Europa y Estados Unidos. De las violadas y expulsadas no mexicanas, de sus compañeros informadores, nada se dijo pese a la violación de todos los tratados y acuerdos internacionales al respecto.

Lo de siempre: un grupo minoritario, la tranquilidad y el orden social, el Estado de derecho. Por esos días cercanos al 5 de septiembre cuando informó Peña a la legislatura 56, un juez de Toluca ratificó las 176 órdenes de aprehensión y antes, la Suprema Corte de Justicia desechó las pruebas testimoniales filmadas, grabadas y escritas, incluidas las de los tres policías participantes en la violenta represión de Atenco porque a los señores magistrados les parecieron insuficientes para probar la ilegalidad de la incursión de las policías federal y municipal coordinadas. Unos cuantos policías fueron consignados con amparos en mano para imponerles una multita pagada con dinero de los contribuyentes mexiquenses, por cargos tan ridículos como actos libidinosos. Siguen en prisión 27 atenquenses, tres de ellos en el Penal de Máxima Seguridad de La Palma, ese centro de exterminio de presos políticos a la altura de las cárceles de las dictaduras militares argentinas de los setenta, donde se les mantiene encerrados sin libros ni cuadernos ni dada que les ermita saber que pasa afuera, con luz encendida todo el tiempo, temperatura de frío intenso y unas cuantas horas de sol a la semana. La ley y el orden ni más ni menos.
Esta subversión del estado de derecho fue festinada en la prensa y en las entrevistas televisadas al góber precioso de a de veras, con el señalamiento de que luego de 68 años de entrega del informe por escrito, Peña Nieto lo presentó personalmente al Congreso del Estado de México. El diputado Heriberto Ortega Ramírez, presidente de la mesa directiva, respondió para enaltecer “el compromiso político del gobernante y los legisladores y contribuir así al perfeccionamiento de las instituciones políticas al propiciar el equilibrio entre los poderes”, dice la nota oficial. Tal para cual el gobernador y el diputado.
No cabe duda del perfeccionamiento de las instituciones políticas y del equilibrio entre los poderes. Peña ha logrado lo que no pudo Fox con su desastroso informe impedido. Peña perfecciona desde el PRI y el gobierno empresarial con apoyo del funesto Grupo Atlacomulco del que sobreviven bien cebados los hijos de su fundador Hank González, las instituciones políticas impunes en su sevicia antipopular. Cuando estaba fresca aún la sangre en San Salvador Atenco y recién había fallecido con el cráneo estallado Alexis Benhumea y corrían las misas por el jovencito Javier Cortés, en una reunión de la CONAGO, el siniestro Secretario de Gobernación, felicitó especialmente ante el señor presidente, a los gobernadores de Michoacán y el Estado de México, por su desempeño en Lázaro Cárdenas a Cárdenas Batel, cómplice del asesinato de dos mineros de SICARTSA y a Peña por lo de Atenco. Las instituciones políticas ya saben lo que hay que hacer.
El equilibrio entre poderes está claro: todos se miden por la urgencia de mantener el estado de emergencia contra todo movimiento popular, cueste lo que cueste. Una vez más, las protestas nacionales e internacionales son parte del costo que hay que pagar para levantar el prestigio de los gobernantes infames a punta de entrevistas por radio y televisión y notas de prensa pagadas. Al menos POR ESTO! permite el registro de tanta desgraciadez política.